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El Estado mediante la ley 21.252, otorgó a un sector importante de la clase trabajadora la opción de postular al llamado “Bono para la Clase Media”, con el objeto de sortear la dura crisis económica que han vivido muchos trabajadores/as y sus familias producto del contexto de pandemia global COVID-19. Consiste en un aporte fiscal directo con un monto máximo de $500 mil, no reembolsable, para trabajadores y empresarios individuales que hayan tenido una disminución de sus ingresos de 30% o más como consecuencia de la emergencia sanitaria.

La creación y gestión de entrega del Bono ha sido de una confusión tremenda, no sólo para las instituciones que deben implementar su entrega (SII, Tesorería) sino que también para los trabajadores. Así, han sido los funcionarios públicos los más afectados por la falta de claridad en la obtención del mismo.

El SII informó que más de 37.100 funcionarios públicos que habrían declarado bajo juramento que sufrieron una disminución en sus ingresos, lo cual se ve en conflicto considerando el estándar de honestidad y probidad que los ciudadanos exigen respecto de aquellas personas que desempeñan una función pública. En razón de lo anterior, es que en el mes de octubre, el gobierno a través del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, emitió el Of.Ord.2289 que solicita a todos los Ministros de Estado instruir a sus respectivos Jefes de Servicio a que tomen contacto con el SII, con el objeto de pedir antecedentes sobre los funcionarios que habrían solicitado el bono sin cumplir con los requisitos estipulados. Esto, con el fin de abrir procedimientos disciplinarios que correspondan para indagar eventuales faltas a la probidad administrativa, debido a que el ingreso de los funcionarios públicos no sufrió disminuciones durante el mes de julio.

Sin embargo, el mismo día el SII, a través de su resolución exenta Nº 132, fijó un procedimiento especial de reintegro del Bono de Clase Media para quienes erróneamente hayan postulado. La finalidad de esta resolución, tal como explícitamente manifiesta su considerando 6º, es aportar una solución preventiva a la sanción y búsqueda de responsabilidades individuales, debido a las evidentes confusiones y faltas de claridad sobre la ejecución y postulación al Bono, además del complejo escenario que se vive a nivel social y económico.

Sin perjuicio de la obligación de devolver los 500 mil pesos, una de las principales interrogantes surgidas en la opinión pública dice relación con las consecuencias que puede tener para un funcionario público percibir un beneficio estatal a través de una declaración jurada de disminución de ingresos que no se ajusta a la realidad. En materia penal, el fiscal nacional anunció que el Ministerio Público tomó la decisión de abrir una investigación penal por lo ocurrido, y que la indagatoria podría ser por los eventuales delitos de fraude de subvenciones y perjurio, entre otros ilícitos. Asimismo, el fiscal nacional anticipó un reproche penal más intenso respecto de los funcionarios públicos de mayor nivel jerárquico que hubiesen accedido a este bono

Si has postulado erróneamente, se debe realizar la devolución a través del sitio Web de la Tesorería General de la República, siguiendo las instrucciones contenidas en él.

Si en tu servicio público se inicia un sumario administrativo indagar si infringiste las normas, te recomendamos elaborar los descargos adjuntando la documentación de regularización o cualquier otro antecedente que demuestre que cumpliste con los requisitos legales en tu postulación. Además, te recomendamos elaborar esta defensa con apoyo jurídico de tu Asociación, de la ANEF o de particulares si lo consideras pertinente.